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           La necesidad de mayores niveles de eficiencia energética (EE) en nuestra sociedad nunca ha sido tan evidente como en la actualidad. La EE se refiere a todos los cambios que resulten en una reducción de la cantidad de energía utilizada para producir una misma unidad de bien o servicio o para alcanzar los requerimientos energéticos para un nivel de confort dado.

 

         Dado que existen ciertas medidas de EE cuyos costos de implementación son muy inferiores a sus beneficios, cabe preguntarse por qué los consumidores no implementan dichas medidas. Existen diversas barreras para que eso ocurra, las que se puede clasificar en: (i) barreras relacionadas con el consumidor, (ii) barreras relacionadas con los fabricantes de equipos, (iii) barreras relacionadas con las empresas de servicios, (iv) barreras relacionadas con las instituciones financieras, (v) barreras relacionadas con aspectos legales y gubernamentales, (vi) barreras culturales.

 

           Concordantemente con las principales barreras en la difusión de las medidas de EE, parece lógico pensar que las empresas distribuidoras de electricidad, quienes poseen información detallada sobre los patrones de consumo de energía de sus clientes, son excelentes candidatos para administrar los programas de EE. Sin embargo, expertos en la industria de la distribución de electricidad han ampliamente reconocido que bajo la regulación tradicional (actual), las empresas distribuidoras no tienen incentivos económicos para proporcionar programas que ayuden a sus consumidores a ser más eficientes en el uso de la energía. De hecho, dichas empresas típicamente tienen un desincentivo debido a que una reducción en las ventas de energía reduciría también sus ingresos y beneficios.

 

            De este modo, para superar las barreras existentes, resulta fundamental la intervención del Estado, de modo de garantizar una plataforma que entregue los incentivos correctos a los distintos agentes del mercado. En particular, el Estado debe fijar la normativa apropiada para que los agentes del mercado tengan los incentivos adecuados para implementar programas de EE y debe supervisar la administración de estos programas, entre otras labores. No obstante dicha intervención es esencial, no es recomendable extender la intervención del gobierno a la administración de dichos programas, debido a que el Estado generalmente posee información menos precisa que las distribuidoras sobre el patrón de comportamiento de los consumidores finales. De hecho, una de las lecciones importantes de la crisis eléctrica en California es la convicción de que el gobierno debería abandonar todos los intentos de administrar directamente los programas de EE y focalizar su atención y recursos en el rol de supervisar y guiar a las empresas distribuidoras de electricidad en la administración de dichos programas.

 

ENZO E. SAUMA

Profesor del Centro de Medioambiente y del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Facultad de Ingeniería UC